El reciente informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos es categórico y directo: Nuestro país presenta “problemas significativos” en dicho rubro que afectan directamente nuestro crecimiento y desarrollo. Y es que problemas tan graves señalados en dicho informe son difíciles de soslayar y son tan evidentes que no puede haber pronunciamiento oficial en contra. Sucesos tan lamentables como la corrupción y abusos periódicos tanto de las policías como de las fuerzas armadas y la impunidad de los mismos son temas que no dejan de ser mencionados en dicho informe: asesinatos ilegales, tortura, desapariciones y abusos físicos. Además de hacer especial mención en el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el tan sonado caso de los civiles ultimados por militares en Tlatlaya.
Parte de este problema de impunidad recae principalmente en los cuerpos de seguridad locales, quienes son señalados como los principales conculcadores de derechos humanos. De igual manera, se menciona un panorama adverso para los periodistas quienes recibieron ataques del crimen organizado en altos niveles de violencia con la permisividad del gobierno que simplemente es incapaz de someter a la delincuencia y de proteger a los ciudadanos. El informe es demasiado tajante y en un apartado aduce lo siguiente: “Grupos del crimen organizado "también fueron responsables" de muchos asesinatos similares, "a menudo con impunidad y coaligados con funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad", afirma el informe”.
Todo lo anterior es un escenario cuyo contenido no resulta novedoso en nuestro país, pues es una realidad que los Derechos Humanos no son una prioridad del gobierno mientras que poco se ha hecho en los temas referentes a la seguridad, corrupción e impunidad. Las nuevas estrategias como el Sistema Nacional Anticorrupción y la intención de eliminar las policías municipales formando solo 32 mandos únicos parecen ser un avance, pero resulta ser timorato y cortoplacista. Ya que el mismo sistema carece de acciones precisas y las mismas policías estatales están contaminadas de corrupción, ineficiencia e impunidad.
No es necesario que un informe extranjero desnude nuestra realidad, menos si proviene de un país que mide los Derechos Humanos con doble rasero al poseer prisiones en el mundo entero donde se violan DD.HH de manera perenne. Quizá el único beneficio es que se supone que el congreso de Estados Unidos solicita estos informes para determinar relaciones y apoyos hacia países amigos y en ese sentido la presión pudiera ser interesante si nos condicionaran apoyos o negocios a cambio de seguridad y combate eficaz a la corrupción. Esta sería la conclusión y pragmatismo ideal de un informe de esta naturaleza cuyas implicaciones ya sabemos todos los mexicanos y que de ninguna manera podemos rebatir por más recalcitrante que sea nuestro nacionalismo. De otra manera, solo será un informe más destinado al archivero de nuestras verdades históricas.
